Ayer 2 de marzo, se debatió y se aprobó por unanimidad en la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid la proposición de Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida (PROPL 8/16 RGEP 3856).

Entre sus fines están “regular y proteger el ejercicio de los derechos de las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, establecer los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en esta situación y definir las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer con respecto a ese proceso”(Art.1 Objeto).

Previamente a la aprobación de la ley, expertos del grupo interdisciplinar Vida Digna, una iniciativa de Profesionales por la Ética, se habían dirigido a los diputados de la Asamblea de Madrid para enviarles propuestas alternativas a algunos contenidos de la Proposición de Ley. Lamentablemente, el texto final de la ley sigue incluyendo artículos que abren la puerta a la eutanasia, como los siguientes:

  1. Permitirá retiradas inadecuadas de hidratación o nutrición, cuidados básicos ordinarios no definidos como tales en el texto legal recientemente aprobado, amparadas en un entendido supuesto “derecho a la toma de decisiones”  abriendo la puerta a prácticas eutanásicas encubiertas.
  2. No concilia la defensa y garantía de la autonomía -mediante las preferencias del paciente- con la lex artis o buena práctica, exigible a todo médico.
  3. Presiona a los médicos mediante sanción por infracción “grave” por vulnerar los “derechos de los pacientes”, lo que favorece el abandono de la lex artis al final de la vida.
  4. Obliga a las instituciones sanitarias y socio-sanitarias públicas y privadas a acatar la voluntad del paciente de manera absoluta.
  5. Otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la “seguridad jurídica” del procedimiento legal, al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniéndolos en situación de riesgo de eutanasia encubierta.

Carlos Álvarez, Portavoz de Vida Digna, señala que en España se han presentado dos casos de muerte de pacientes por retiradas de alimentación adecuadas a petición de la familias bajo el amparo de estas leyes autonómicas de muerte digna”,  Ramona Estévez en Andalucía y de Andrea Lago en Galicia.

Álvarez, señala de igual manera que Vida Digna comparte el análisis realizado  por la Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD) a la proposición de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida de Madrid  al señalar que “una ley del final de la vida basada en derechos y deberes puede conllevar que el profesional se inhiba o abandone al paciente en una decisión errónea, especialmente cuando se trate de situaciones agudas concomitantes que pueden resolverse adecuadamente, por miedo a ser sancionado por obstaculizar el deseo del paciente”.

El informe completo de valoración de ABIMAD puede visualizarse en el siguiente enlace:

http://www.abimad.org/documentaci%C3%B3n-por-temas/5-atenci%C3%B3n-al-final-de-la-vida/analisis-del-proyecto-ley-muerte-digna-de-madrid/