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El Departament de Educación afirma que los centros educativos han de aplicar el currículum y adaptar los libros de texto a su normativa.

Lleida/Barcelona/, 9 de octubre de 2009.-  José Jaime Rico, Abogado y portavoz de los padres leridanos que recurieron contra la denegación de su derecho a la objeción de conciencia, ha informado de la respuesta del Departamento de Educación al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la posibilidad de adaptar la EPC al ideario de los centros privados y concertados.

En el escrito remitido por el Departament se dice que las bases ordenadoras de esta materia son competencia del Estado, y que son de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas. Asimismo afirma que la EPC forma parte de las áreas que se han de impartir en todos los centros, sin perjuicio del principio de autonomía pedagógica, pero a partir del marco curricular establecido. El proyecto educativo ha de contener la concreción y el desarrollo de los currículums. La flexibilidad y autonomía curricular se ha de hacer en la aplicación del currículum, de manera que sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y realidades de cada centro.

En el documento también se dice que los libros de texto y los materiales didácticos se han de adaptar al currículum aprobado por la Administración educativa, y han de reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y estatutarios y se han de adecuar a lo que establece el Decreto que regula la ordenación de las enseñanzas correspondientes y a las prescripciones del Departamento de Educación para su aplicación, así como a los valores recogidos en la Ley de Educación de Cataluña.

José Jaime Rico ha destacado la importancia de este documento, dado que no garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. A pesar de que otorga una autonomía formal, el texto supone un ataque frontal al proyecto educativo de cada centro porque impone que el proyecto tenga un contenido concreto. La Generalitat recuerda que cada uno de los distintos proyectos educativos debe permitir obligatoriamente la aplicación del currículum, que es considerado como instrumento válido para dar respuesta a las características y a las diferentes realidades de cada centro. Lo cierto –señala el letrado objetor– es que “la Generalitat propone que un único currículum adoctrinador se imponga a una multitud de idearios formalmente libres, lo que significa que todo proyecto educativo en Cataluña vive en libertad ficticia, libertad frustrada por los grilletes del currículum.”

Por su parte Ramón Novella, Presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, ha recordado que los Decretos de la Generalitat dictados en desarrollo de los Decretos de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación tienen un contenido aún más adoctrinador que la normativa estatal, y que interfieren gravemente sobre el carácter propio de los centros educativos de iniciativa social. Además ha destacado que todavía no se ha resuelto el recurso interpuesto contra los citados Decretos. No es tampoco admisible –añadió- que se pretenda impartir de acuerdo con determinados principios, valores, libertades, derechos y deberes del nuevo Estatut, o con algunos de los valores recogidos en la Ley de Educación de Cataluña que muchos ciudadanos no comparten. (laicismo en la educación, ideología de género, etc…).

Por dichos motivos – ha dicho- los padres y los colegios han de luchar contra esta materia por las vías que consideren adecuadas. En particular mediante la objeción de conciencia, un derecho que recientemente ha sido reconocido en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es preciso denunciar todos aquellos contenidos, libros de texto o profesores que adoctrinen, ejercitando las acciones judiciales correspondientes, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que ni la Administración educativa, ni los centros docentes, ni los concretos profesores puedan imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.