Hace exactamente una semana asistí a una brillante exposición de Carlos Álvarez, portavoz de VIDAdigna, una iniciativa de Profesionales por la Ética, en el Aula San Germán de la Parroquia del mismo nombre en Madrid. El conferenciante, además, es cofundador y único representante español en EPC (Euthanasia Prevention Coalition), la coalición europea para la prevención de la eutanasia.

Ante un concurrido auditorio, Álvarez aclaró qué es y que no es eutanasia y dibujó el panorama europeo con la eutanasia legalizada en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo y el suicidio asistido en Suiza. Prestó especial atención a la reciente aprobación de la eutanasia infantil en Bélgica desvelando cómo numerosos pediatras se opusieron a esta práctica declarando que «los niños no quieren morir». Álvarez explicó como la legalización de la eutanasia es una pendiente resbaladiza que no tiene retorno y que va más; se empieza por enfermos terminales y ancianos y se acaba poniendo fin a la vida de los bebés. También alertó de las consecuencias de dar cobertura legal a las prácticas eutanásicas: desconfianza en el personal sanitario (ya que la ley ampara que acaben con la vida de uno) y presión sobre discapacitados, enfermos y ancianos (que se sienten un estorbo por no pedir la eutanasia).

Muy interesante un dato: la legalización de la eutanasia que llevaba Hollande en su programa está paralizada porque el presidente francés (que cosechó una gran oposición contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo) no quiere abrir más frentes.

A continuación, el ponente expuso como avanzan en España, discreta pero eficazmente, las leyes que incluyen prácticas eutanásicas. La pionera, explicó, fue Andalucía en 2010, con la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Luego le siguió Aragón y Navarra, si bien en esta última comunidad las prácticas eutanásicas incluidas en el borrador de ley se atenuaron. Profesionales por la Ética presentó alegaciones en la tramitación de las tres normas y compareció con expertos en comisiones parlamentarias de Andalucía y Navarra. País Vasco (a iniciativa de Bildu), Canarias (socialistas y nacionalistas) y Baleares (socialistas) leyes similares a las de Andalucía.

Álvarez aclaró que estas normas autonómicas dan cobertura legal a prácticas eutanásicas al incluir el derecho a la sedación (independientemente de que esté o no indicada en ese caso concreto), no diferencian medidas de soporte vital básico (hidratación, nutrición) de las extraordinarias (respiración asistida, por ejemplo) y obligan a los profesionales a aplicar estos “nuevos derechos” si lo pide el paciente o sus familiares. Ejemplo de esta legislación, afirmó el representante de VIDA digna, fue el caso de Ramona Estévez: a quien se le retiró la sonda nasográstica que le alimentaba por orden de la Junta de Andalucía. El forense que certificó su muerte afirmó que su situación era difícil pero no irreversible.

Por último, Álvarez concluyó manifestando que la mejor prevención contra la eutanasia son los cuidados paliativos dedicados a cuidar y acompañar al paciente en el proceso final de su vida. En este sentido, criticó que el PP no haya impulsado, como prometió, una ley nacional de cuidados paliativos; desveló que un alto cargo de la oficina de Presidencia de Gobierno aseguró en una reunión en la que estaba presente el propio Álvarez, que esa norma no se estaba impulsando por falta de demanda social.

Tras un animado coloquio, que se prolongó casi una hora, finalizó la interesante sesión.

Teresa García-Noblejas