Madrid, 14 de abril de 2011. Hoy se ha iniciado en Viena la Tercera Reunión sobre Derechos Fundamentales organizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

El encuentro trata acerca de diferentes conflictos que amenazan los derechos fundamentales en la Europa actual. Se trata, básicamente, de recoger información acerca del incumplimiento de derechos fundamentales y trasladarlos a las instituciones europeas y a los países miembros acompañadas de propuestas de actuación.

Pues bien, en la sesión de hoy ha tenido un protagonismo especial el capítulo educativo. Y es que los asistentes a este encuentro (representantes de los 27 países de la UE así como delegados de ONG’s y personalidades de la sociedad civil) han tenido ocasión de escuchar cómo en dos países democráticos de la UE (Alemania y España) se están vulnerando los derechos fundamentales de los padres en relación con la educación de sus hijos.

La exposición sobre la vulneración de los derechos de los padres en Europa ha sido realizada por Alliance Defense Fund (ADF), una entidad internacional privada que defiende las libertades fundamentales. Para exponer el conflicto de Educación para la Ciudadanía en España (EpC), ADF ha contado con la colaboración  de Miguel Gómez de Agüero, padre español demandante en Estrasburgo y miembro de Profesionales por la Ética.

Gómez de Agüero ha expuesto las líneas básicas de las asignaturas españolas de EpC y su propósito de moldear la conciencia de los alumnos para cambiar sus valores. Igualmente, ha puesto de relieve que los padres españoles, en apenas tres años, han presentado 55. 000 declaraciones de objeción de conciencia negándose a que sus hijos asistiesen a clase. «El conflicto», ha concluido Gómez de Agüero, «ha dado lugar a más de 2.000 procedimientos judiciales que no se han paralizado  a pesar de que el Tribunal Supremo (en una votación muy dividida) negó a los padres la posibilidad de objetar a estas asignaturas. Y es que son ya 375 los españoles que han presentado demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales en el caso de la EpC española.

Por su parte, Roger Kiska, representante de ADF, ha expuesto diferentes ejemplos en los que los derechos de los padres y la libertad de pensamiento se han situado al final de una larga lista de caso con mayor rédito político. «La corte de Estrasburgo», ha afirmado Kiska, «está altamente politizada y eso impide que se mantenga justa e imparcial». Uno de los ejemplos expuestos por el abogado es el de 35 padres alemanes que han sido condenados por negarse a llevar a sus hijos a clases y talleres prácticos de educación sexual estatal. Este conflicto, que está siendo defendido en la Corte de Estrasburgo por ADF, ha tenido lugar en Salzkotten (Paderbor, Renania del Norte-Westfalia), donde la represión a los padres ha llevado a la cárcel a varios de ellos. Entre otros casos, una madre de familia numerosa ha sido encarcelada durante 43 días tras negarse a que tres de sus hijos asistieran a clases estatales de educación sexual en una escuela primaria.

Como explica Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética, los casos de Alemania y España que se han expuesto hoy ante la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE guardan un sorprendente paralelismo. Y es que, en ambos casos los gobiernos y las administraciones vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

«La legislación internacional garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas», explica Tamayo. «Por eso defendemos a los padres en el conflicto originado por la EpC española ante los gobiernos, las administraciones y los tribunales».

Profesionales por la Ética ha denunciado este conflicto ante instituciones como el Parlamento Europeo y diferentes foros convocados por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Con el mismo propósito de salvaguardar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, Profesionales por la Ética también ha promovido una declaración internacional exigiendo la liberación de los padres alemanes encarcelados y el resto a sus derechos fundamentales. Esta declaración, que ha sido remitida a diferentes instituciones de la UE, al Consejo de Europa, al Gobierno Federal Alemán y a los tribunales alemanes relacionados con el caso, ha sido suscrita por 8.000 personas de más de 30 países de todo el mundo y por 44 asociaciones y entidades civiles.