19-10-2006

Se complica día a día el conflicto creado por el Gobierno por la imposición unilateral de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la estrella de la LOE con la que, según Peces Barba, su padre intelectual, “el Gobierno habría justificado esta legislatura” (“El País”, 22/11/04).

Y en medio de la polémica, interviene la Ministra de Educación declarando que le “costaría mucho trabajo pensar que alguien que viera esos contenidos (los de la asignatura) pudiera plantear problemas de objeción de conciencia» (Europa Press, 02/10/06).

Los contenidos están ahí, en los borradores que estos días el Ministerio discute con las Comunidades Autónomas y, después de verlos, como pide la Ministra, no parece muy cuestionable la evidencia de que entran de lleno en la formación moral de nuestros hijos, en la transmisión de un concreto sistema de valores.

Pero sin necesidad de entrar a analizar los contenidos -que, por supuesto, es fundamental-, llama mucho la atención tanta insistencia en el propósito de formar, a través de la asignatura, “ciudadanos libres” cuando, de plano, se está conculcando una libertad básica: el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Un derecho que tiene pleno reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución española.

La primera, pues, en la frente. Si todas las lecciones de ciudadanía que van a dar a nuestros hijos son tan respetuosas de los derechos humanos y la tolerancia como ésta, mejor será renunciar, ahora que todavía estamos a tiempo.

Pero es que, además, el ambiente que desde sus mismos orígenes (en la famosa propuesta de la Fundación Cives siguen estando las claves del despropósito) viene rodeando a esta asignatura, ayuda poco a transmitir precisamente confianza a la comunidad educativa. Es complicado eludir un cierto tufo totalitario en todo esto. Basta leer, por no irnos muy lejos del Gobierno y el PSOE, la reciente propuesta de la Fundación Alternativas, los artículos de la Directora General de Igualdad y Calidad de la Educación de Castilla – La Mancha, María del Mar Torrecilla (“El Mundo”, edición de Castilla – La Mancha, 30/06/06) y del Secretario General de las Juventudes Socialistas de Extremadura, Máximo Domínguez (“Extremadura al día”, 02/10/06) o las declaraciones del Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT, Carlos López (Europa Press, 02/10/06).

La Ministra tiene que comprender, aunque le resulte difícil, que los padres estemos muy preocupados. Cada día más.

Nosotros no queremos imponer a nadie cómo tiene que educar a sus hijos. Tampoco queremos polemizar con nadie sobre los orígenes del pensamiento ilustrado y su proyección a través de la perspectiva de género en el nuevo contexto emergente de la ciudadanía global. Dejamos eso para Peces Barba y sus eruditas disertaciones en la cátedra pluralista de “El País”.

Como ciudadanos, nuestra postura es muchísimo más sencilla. Solamente queremos y exigimos que nos dejen en paz y libertad educar a nuestros hijos como en conciencia creemos que tenemos que hacerlo, que ya bastante complicada está la vida.

Por eso, el Gobierno y sus socios culturales no nos dejan otra alternativa que ejercer nuestro derecho constitucional a la libertad ideológica y, en consecuencia, objetar en conciencia ante la nueva asignatura.

Jaime Urcelay.  Abogado. Presidente de Profesionales por la Ética
Padre de cinco hijos