Hace unos días tuve la oportunidad de ver Katyn, la última película de Andrzej Wajda. Sin entrar en el argumento principal, sí contaré al lector que la Polonia libre, vital e independiente que se ilustra al comienzo de la película, acaba, a su término, acomodada a la libertad raquítica, triste y sospechosa de una nación sometida a la tutela de la Unión Soviética.

Polonia, finalmente, no fue aniquilada ni los polacos deportados. Perdieron su ejército pero los ciudadanos tuvieron la oportunidad de adaptarse a la nueva situación. Un sometimiento que permitía a quienes lo aceptaban progresar en el nuevo régimen que daba cabida, sin saberlo, a quienes, desde dentro de las nuevas instituciones, pretendían conciliar su sometimiento al régimen con un trabajo por una futura Polonia libre.

En una de las escenas finales, dos mujeres se reprochan sus opciones vitales contrapuestas. Una de ellas, hermana de un ingeniero asesinado por el ejército ruso, lucha contra el nuevo régimen desde la clandestinidad, manteniendo vivo el recuerdo de la Polonia independiente. La otra mujer, colaboracionista, le reprocha que el camino de la oposición resulta estéril y sólo será posible reconstruir el espíritu polaco aprovechando las estructuras existentes, procurando minimizar desde dentro del sistema la influencia soviética.

Resistencia desde fuera del sistema o aceptación del mal menor para trabajar, desde dentro, por revertir la situación. Un dilema que, setenta años después de Katyn, estamos viviendo en España, donde el Estado, a través de la legislación gubernamental, no cesa de invadir ámbitos privados de libertad y establecer un auténtico régimen en el que no cabe la discrepancia. Un verdadero totalitarismo porque el Estado pretende dar razón de todas las dimensiones que afectan a la persona, que resulta reducida a ciudadano. Y sólo es y tiene sentido por su relación con el Estado, que otorga, extiende, limita o elimina los derechos que configuran la naturaleza del ciudadano.

Ante este indudable avance del totalitarismo, acentuado en los últimos cinco años, las personas e instituciones conscientes del peligro (obviando aquellas cuya comodidad ahoga cualquier reacción) han optado por una de las dos estrategias: oponerse frontalmente al recorte de libertades o transigir lo suficiente como para no quedar fuera del sistema con la finalidad explícita de «cambiar la situación desde dentro». Se acepta así un mal menor como medio para obtener, al término, un bien mayor.

En este sentido, muchas personas e instituciones que advirtieron el letal influjo de la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía optaron por asimilar y obedecer una ley a todas luces injusta con el propósito -al menos así lo manifestaron- de revertir la situación «desde dentro», desarrollando estrategias y subterfugios que, a fecha de hoy, no han hecho sino contribuir a consolidar la intromisión del Estado en la libertad de los padres, de los profesores y de los centros docentes.

El caso de la respuesta al nuevo proyecto de ley de Reforma de la Ley del Aborto es muy similar. Algunas organizaciones han rechazado públicamente esta nueva ley porque «empeoraría» la situación ya de por sí injusta de la legislación vigente, que se asume como un supuesto inamovible. Se trata, por tanto, de mantener un «mal menor» que resulta, a estas alturas, incuestionable.

Otro tanto ocurre con el resto de leyes cuya carga totalitaria no se pretende tanto desactivar como minimizar. La radicalidad -de raíz- no se lleva: resulta -proclaman muchos- más eficaz la asunción de males menores que permitan seguir políticamente reconocidos para mantener la posibilidad de seguir siendo interlocutores de un Estado que, lejos de consensuar las leyes, utiliza la interlocución con los discrepantes oficiales como atrezzo de un diálogo al que resulta, a la hora de la verdad, impermeable.

Pienso que es hora de revisar estrategias ante el avance de leyes totalitarias. No se trata de juzgar intenciones, sino de evaluar el escaso, si no nulo resultado, de los planteamientos que se basan en consentir el «mal menor» en aras de un «bien mayor» que, por lo que parece, «ni ha llegado, ni se le espera».

La «estrategia de consentir el mal menor» no resulta educativa para una sociedad que debe recuperar su sentido de su libertad y primacía con respecto al Estado, que no debe conformarse con minimizar los influjos estatales amparándose en burbujas tan precarias como insolidarias y que debe ser consciente de su derecho a rebelarse contra la ley injusta. Además, como ha señalado muy acertadamente José Ignacio Munilla, «cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el ‘mal mayor'».

La situación de falta de libertad se está volviendo insostenible. ¿No es hora de hacer un balance global y reconsiderar estrategias más gallardas? No podemos permitirnos, además de perder las batallas, transmitir a las siguientes generaciones el axioma de que, frente a la injusticia, solo cabe minimizarla o aislarse de ella. Debemos recuperar el orgullo de la libertad y el valor intrínseco de la persona. Desterrar el fatalismo del que nos hemos ido convenciendo nosotros mismos. No necesitamos otro Katyn para rebelarnos. Pero sí una reflexión sincera y una decisión de recuperar los ámbitos de libertad que nos estamos dejando arrebatar.

Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo

Artículo publicado en Análisis Digital