Una vez más acierta de lleno el magistrado José Luis Requero al analizar ayer en la Tribuna de La Razón la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la educación diferenciada y el sistema de conciertos.

Insiste nuevamente Requero, con buen criterio, en que la discusión central no es «qué es mejor, si la educación mixta o la educación diferenciada porque ambas son respetables». Es más bien, como titulaba otro articulo suyo reciente sobre el mismo asunto, una cuestión de libertad, «porque lo que está en juego es eso, la libertad, algo que parece no captarse».

Tras comentar la reacciones del PSOE y El Pais a las declaraciones del ministro Wert  –favorables a la educación diferenciada–, el magistrado pasa revista a la doctrina del Tribunal Supremo para subrayar que no hay en ella un cuestionamiento de la legitimidad de la educación diferenciada, que en absoluta es considerada discriminatoria por razón de sexo, lo que la haría inconstitucional. El tema, para el Supremo, es si de acuerdo con la legislación ordinaria puede o no ser sostenida con fondos públicos.

Y el problema, en efecto, lo verdaderamente contrario a la libertad de elección de los ciudadanos, está en una legislación que el Tribunal Supremo interpreta en el sentido de que la admisión de alumnos en los centros concertados que han optado por la educación diferenciada no cumple los criterios de no discriminación por razón de sexo  –que según el propio Supremo no existe–  y de fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

De esta manera, subraya el magistrado,»la ley no respeta las legítimas opciones sobre educación y milita en una, a la que destina el dinero público, cuya titularidad atribuye a los poderes públicos. Ahí está parte del error porque ese dinero  que manejan es de los ciudadanos que lo dan mediante impuestos y debe administrarse en beneficio de todos. Sólo ve un servicio público que se financia de forma no neutral. Al no financiar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ignora el mandato constitucional de que los poderes públicos deben crear las condiciones para que el ejercicio de esos derechos  y libertades sea real y efectivo. Se cae así en la patología típica de los  conciertos educativos. Según quien gobierne, o se respetan las libertades o puede  que padres y colegios  se vean  expropiados de un derecho constitucional».

Por estos motivos, la interpretación de la ley por el Tribunal Supremo podría haber sido distinta. «Al asumir sin más los  fundamentos de la ley  de educación –explica Requero–  echo de menos la sensibilidad que tuvo hacia los derechos fundamentales en los años posteriores a la Constitución. Parece que sigue la opinión de que en una democracia consolidada ya no hay que hacer una interpretación pro libertate de las leyes porque se parte del dogma de que llevan implícito ese espíritu. Es el otro Montesquieu, es el juez que se considera esa boca inanimada que pronuncia las palabras de la Ley«.

En síntesis, el problema  –como en tantos otros asuntos de gran trascendencia cultural–  no es la Constitución sino la ley, esa que, según hemos comprobado tantas veces, sólo depende de la voluntad política del partido que ostenta la mayoría parlamentaria. Y Requero recuerda que «el ministro de Educación  ha dicho  que no excluye cambiarla para que la enseñanza diferenciada siga sostenida con fondos públicos si es «compatible con la no discriminación».

«Por tanto, señor ministro, –termina el autor del artículo–  si ése es el problema ahí tiene el BOE. En estas cosas como en otras –derecho a la vida, familia, matrimonio– es donde se ve si merece la pena votar a un partido u otro».

Descargar en pdf. el contenido íntegro de la Sentencia 5489/2012, de 24 de julio de 2012, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Leer el texto completo de la Tribuna de José Luis Requero «Señor Ministro, al BOE» (La Razón, 04/09/2012).

Leer en FEDEL el texto completo del artículo de José Luis Requero, publicado originariamente en La Razón, «Cuestión de libertad» (11/03/2011).