El diario La Gaceta publica en su edición en papel de hoy una columna de opinión del Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en la que lleva a cabo una valoración de la reciente reforma de los contenidos básicos de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Primaria y la ESO.

Reproducimos seguidamente el contenido íntegro de dicha columna, cuyo título es «El absurdo laberinto de EpC»:

Cuando al principio de la legislatura el Ministro Wert compareció ante el Congreso de los Diputados tuvimos la impresión de asistir a un tiempo nuevo para la política educativa en España, en claves tanto de libertad como de calidad. La rapidez y claridad de ideas con las que anunció la sustitución de la controvertida Educación para la Ciudadanía fue parte sustantiva de esa esperanza.

Pero desde entonces y hasta la aprobación el pasado viernes de la reforma de sus contenidos básicos en Primaria y ESO, el Gobierno se ha perdido  –al menos en este tema–  en un absurdo laberinto que a nadie satisface.

Así lo evidencia el decepcionante contenido del nuevo Real Decreto que, aunque concebido como un parche para el próximo curso académico  –¡cuando los libros de texto ya están vendidos!–, no deja de ser un «más de lo mismo» del dogmatismo estatista con el que los socialistas idearon esta anomalía académica. Aunque, al menos, debamos felicitarnos por la apreciable poda de los términos ideológicamente más estridentes y polémicos.

Como Profesionales por la Ética ha demostrado en el Informe «La nueva Educación para la Ciudadanía del Partido Popular», la esencia de estas materias se mantiene en la nueva versión. Sigue siendo una moral estatal dirigida a construir la mentalidad del alumno y sigue invadiendo las relaciones interpersonales de los jóvenes –incluyendo la intimidad de la convivencia familiar– «instándoles a que se comporten de acuerdo con los valores del entorno».

Decepcionante es también que no se haya aprovechado la reforma para solucionar la problemática académica que arrastran los padres objetores por defender su libertad y la de todos, a la espera también de las sentencias del Constitucional y Estrasburgo.

Con todo, ahora toca mirar al futuro. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó el viernes a La Gaceta que la supresión de Educación para la Ciudadanía sigue siendo un objetivo irrenunciable de su Gobierno.

Por eso el siguiente y fundamental hito será la anunciada Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. El respeto de la libertad de conciencia en la escuela y la apuesta por un sistema educativo de calidad, hacen que el único destino posible de Educación para la Ciudadanía sea su eliminación en la nueva norma.