Ayer, Fiesta de los Santos Inocentes, diferentes iniciativas cívicas recordaron a la sociedad española y a nuestros políticos la aberración que representa, en una civilización que se dice basada en los derechos humanos, el amparo legal de la tragedia del aborto y la inaplazable necesidad de una reforma legislativa para su abolición.

Mientras por la mañana un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir (DAV) reclamaba ante el Palacio de la Moncloa que el Gobierno que cumpla sus compromisos en materia de protección de la vida humana y de la maternidad, por la tarde un numeroso grupo de personas, convocado por Alternativa Española (AES), la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) y otras entidades, se concentraba ante la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid para reclamar la abolición del crimen de los inocentes. En otras ciudades españolas se produjeron también, a lo largo de todo el día, diferentes concentraciones y actos con el mismo propósito.

Coinciden estas iniciativas con la bochornosa publicación el pasado viernes 21 de diciembre de las cifras del aborto en 2011, el primer año completo en el que se aplicó la conocida como Ley Aído. Una publicación que el propio Ministerio de Sanidad ha tenido que rectificar ante las protestas por su explícito apoyo a la vigente Ley del Aborto. El diario ABC en un amplio reportaje titulado «Las asociaciones provida reprochan al Gobierno que no haya reforma del aborto» se hacía eco el pasado jueves 27 de las reacciones de diferentes representantes de realidades sociales comprometidas con el derecho a la vida, entre los que se encontraba el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.

Por otro lado, la agencia Europa Press se hacía eco también ayer del informe elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF) en el que se analizan de manera pormenorizada la evolución de las cifras de evolución del aborto en España desde su legalización en 1985.

Según destacaba la mencionada agencia de prensa, el IPF alerta en su informe de que las interrupciones de embarazo en España han aumentado un 70 por ciento en los últimos diez años y un 182,41 por ciento desde 1991. El informe revela que desde 1985 se han producido 1,6 millones de abortos y, concretamente, apunta que en el año 2011 se produjeron 590.358 embarazos, de los cuales 471.999 fueron nacimientos y 118.359 terminaron en abortos (un 20,05 por ciento).

Así, precisa que uno de cada cinco embarazos en España termina en aborto y que una de cada tres mujeres que ha interrumpido su embarazo lo había hecho al menos en otra ocasión. Esto evidencia, según ha indicado el presidente del mencionado Instituto, Eduardo Hertfelder, que el aborto se ha convertido «no solo un drama para el niño que no nace o la madre que se ve abocada al aborto sino también en la principal causa de mortalidad en España ocasionando efectos sociales y demográficos desoladores».

Además, el estudio destaca que nueve de cada diez abortos se han realizado «a petición de la mujer» y «sin aducir ningún tipo de causa». En esta línea, precisa que de los 118.359 abortos que se produjeron en España en 2011, 53.468 fueron en chicas con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Por comunidades, muestra que Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor número de abortos acumulados en los últimos 15 años, mientras que La Rioja, Navarra y Cantabria son las comunidades con menor número de abortos. Hertfelder considera que estos datos demuestran que las políticas de las distintas administraciones «han fracasado» por lo que es necesario un «cambio radical».

En este contexto, apunta que la nueva ley del aborto así como la potenciación y difusión de la píldora del día después «va a incrementar aún más el número de abortos». Por ello, el IPF pide «derogar la actual Ley del Aborto» así como el supuesto de riesgo psicológico para la madre e impulsar el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho del niño en el periodo prenatal y el derecho de la mujer a la maternidad «removiendo los obstáculos que lo impiden así como la inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer».

Asimismo, entre las propuestas, sugieren elaborar un Libro Blanco sobre la natalidad en España; crear una Comisión Interministerial dependiente del Ministerio de Sanidad que aborde la problemática de los abortos; implantar un Plan Nacional sobre natalidad, de carácter trianual, con dotación presupuestaria suficiente; regular el consentimiento informado específico en materia de aborto que incluya la información a la embarazada sobre las secuelas; destinar una línea presupuestaria específica a las ONG que se dedican a la ayuda a la mujer embarazada; crear Centros de Ayuda, Atención y Asesoramiento; realizar encuestas del CIS periódicas que analicen las dificultades para tener hijos; e incorporar los abortos en las estadísticas de defunciones en España.

Descargar en pdf el Informe del Instituto de Política Famiiar «El Aborto en España 1985-2011».