El ministro Gabilondo está hablando de un pacto educativo. No ha concretado con quien va a pactar ni cuáles son los términos del mismo. Pero en todo caso, bienvenido sea un gran acuerdo que establezca un marco en el que sea posible educar con libertad y proporcionando calidad a la maltrecha educación española. Y la educación deje de ser un campo de batalla ideológico y político al servicio del gobierno de turno.

 

Un buen punto de partida para ese gran pacto educativo debería ser la Constitución Española, concretamente su artículo 27. En él se incluye el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes, el derecho de los padres a formar a sus hijos, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica…

 

La libertad de enseñanza implica que los padres puedan elegir de verdad a qué centro escolar van a llevar a sus hijos. Pero también supone acabar con la dicotomía «público-privado» y considerar tan válida («un servicio público», que diría la LOE) la educación de iniciativa social como la estatal. Y acabar de una vez con la rancia cantinela de que el Estado es el titular de la educación y se lo deja un ratito a quien él quiere.

 

Pero la libertad de enseñanza, como estamos viendo con la dichosa Educación para la Ciudadanía y acaba de recordar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, exige un escrupuloso respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Naturalmente, con el límite del sentido común y del ejercicio de los derechos humanos (que nada tienen que ver con «los nuevos derechos» de Zapatero).

 

Junto a la libertad, el gran eje de un futuro pacto educativo, sería el «para qué educar», un aspecto que la Constitución formula en el artículo 27.2 al afirmar que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

 

En una sociedad pluralista no puede decirse mucho más: se trata de formar personas y que sean aptas para la convivencia. Sin más. Por supuesto que es un mínimo que las familias y la sociedad deben desarrollar con toda libertad sobre supuestos antropológicos y morales (religiosos o no) en los que el Estado no debe interferir.

 

Un aspecto que no aborda explícitamente la Constitución Española es el de la calidad de la enseñanza. Quizá porque en el año 78 las prioridades eran otras y el nivel académico de nuestro país era elevado. Ahora, más de 30 años después, la pedagogía constructivista y una igualdad concebida como igualitarismo han convertido la enseñanza española en una de las más retrasadas de la OCDE.

 

Y en esto de garantizar la calidad si tiene responsabilidad el Estado, la sociedad y lo que habitualmente se llama «comunidad educativa», incluidos los profesores, los titulares de centros, los padres. Pero el Estado ha promulgado las leyes y es evidente que la LODE y la LOGSE han dibujado un marco muy poco favorable a la enseñanza de calidad. Resulta curioso que, siendo diseñadas por socialistas, estas normas legislativas estén perjudicando sobre todo a los que no pueden llevar a sus hijos a colegios privados.

 

Otra incógnita es con quien pretende firmar un pacto educativo el ministro Gabilondo. ¿Con el PP, dejando fuera a la sociedad? ¿Con las patronales y confederaciones de padres que dicen sí a cambio de no se sabe qué (bueno, si se sabe, ahí están las subvenciones y concesiones en el BOE)? ¿Con los sindicatos del sistema, más preocupados por mantener su status y su holgazanería que por mejorar la enseñanza? Lo único que parece tener claro Gabilondo es que se niega a escuchar a los que discrepan de él, como sucede con los objetores a EpC. Pues para regalarle los oídos a Gabilondo y darle palmadas en la espalda por lo majo que es y lo bien que lo está haciendo no hace falta pacto ni foto. Algunos lo llevan haciendo demasiado tiempo.

Teresa García-Noblejas