FEDEL - logoTres semanas después de la entrada en vigor de la ley del aborto, y a la espera de que en su desarrollo reglamentario se detalle cómo se van a aplicar las “medidas en el ámbito educativo” a las que en ella se alude, la Federación Educación y Desarrollo en Libertad (FEDEL) ha reclamado hoy a las administraciones públicas que garanticen el ejercicio del derecho de los padres a decidir libremente la educación de sus hijos.

FEDEL es una entidad cuyo ámbito es la Comunidad Valenciana y que ha sido constituida recientemente con la integración de seis asociaciones sin ánimo de lucro: Alicante Educa en Libertad (AEL), la Asociación de Educadores Cristianos de Alicante (AECA), Castellón Educa en Libertad (CEL), la Asociación Católica de Maestros de Valencia, la Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo Humano de Alzira y Valencia Educa en Libertad (VAEL). Según determinan sus estatutos, esta Federación asume como propios los principios del humanismo cristiano y actúa “en el ámbito público, y esencialmente educativo”, en defensa de “la dignidad humana” y de “la libertad ideológica, religiosa y de culto”.

Reproducimos a continuación el texto íntegro de su comunicado.

VALENCIA, a 26 de julio de 2010.- Tres semanas después de la entrada en vigor de la ley del aborto, y a la espera de que en su desarrollo reglamentario se detalle cómo se van a aplicar las “medidas en el ámbito educativo” a las que en ella se alude, la Federación Educación y Desarrollo en Libertad (FEDEL) anuncia a la opinión pública su compromiso en defensa de la dignidad humana y de los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos, especialmente en cuanto afecta a su formación moral y religiosa.

En lo referente a la forma en que haya de ponerse en práctica la “educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”, desde FEDEL manifestamos lo siguiente:

1.    Apoyamos y defendemos el derecho de todos los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones ideológicas y morales.

2.    Exigimos a las administraciones públicas que arbitren los medios necesarios para que ese derecho se ejerza de forma plena y efectiva, tanto en la educación privada y en la concertada como también –y de un modo especialmente escrupuloso– en la enseñanza pública, que ha de cumplir el mandato constitucional de neutralidad ideológica.

3.    Con la misma rotundidad con que rechazamos la injerencia y el adoctrinamiento ideológico que el Gobierno lleva a cabo mediante las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, denunciamos el nuevo ataque al citado derecho que representan las “medidas en el ámbito educativo” contempladas en la ley del aborto.

4.    Exigimos la retirada del programa PIES de la Generalitat Valenciana, cuya aplicación se ha venido imponiendo ilegítimamente en muchos centros docentes de la Comunidad, sin que los padres de sus alumnos tuvieran conocimiento previo de su implementación ni obviamente dieran su autorización para que sus hijos participaran en él.

5.    Como padres, compartimos la preocupación de las autoridades sanitarias por el aumento de los embarazos no deseados entre adolescentes; sin embargo, consideramos que la educación de la afectividad y de la sexualidad de nuestros hijos es una materia extremadamente delicada, que guarda relación con aspectos muy sensibles de la personalidad y cuya responsabilidad nos corresponde a nosotros. Y más cuando las estadísticas demuestran que este tipo de programas no dan resultados satisfactorios.

6.    Puesto que ésa es nuestra responsabilidad como padres, proclamamos nuestra libertad y nuestro derecho de decidir la manera más conveniente de realizarla, sin imposiciones ideológicas de ninguna clase ni procedencia. Ni al Estado, ni a ninguna persona, institución, asociación civil o lobby le está permitido en nuestro orden constitucional coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales.

7.    Como máximos responsables de la educación de nuestros hijos, agradecemos la colaboración de los centros educativos en esa tarea y la aceptamos de buen grado, siempre que respeten sin reserva alguna nuestros derechos en este ámbito.

8.    Valoramos positivamente que desde diversas instancias se diseñen programas para colaborar en la formación sexual de nuestros hijos. Ahora bien, la oferta tiene que ser plural y los padres hemos de poder elegir con libertad. Por lo tanto, previamente a su aplicación, debemos recibir una detallada información de los objetivos, contenidos y orientaciones ideológicas de cada uno de los programas ofertados, así como de la identidad de las personas y entidades que vayan a dirigirlos e impartirlos.

9.    En todo caso, ha de quedar salvaguardado el derecho de los padres a que nuestros hijos no reciban una educación sexual que entre en contradicción con nuestras propias convicciones ideológicas o morales. Para ello, exigimos que la participación de los alumnos en esas actividades tenga carácter voluntario y reclamamos a las administraciones públicas la adopción de las medidas necesarias para garantizar que así sea en todos los centros docentes no universitarios.

10. Las familias que deseen que sus hijos reciban en sus colegios e institutos clases de educación sexual pueden optar por programas basados en la antropología y la moral cristianas, pues ofrecen mayores garantías de proporcionarles una formación integral.