En el año 2010 Andalucía dio luz verde a la Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte, por cierto con el respaldo del  PSOE y el PP. Como es sabido, esta norma se vendió como una ampliación de «derechos». Después siguieron la misma trayectoria Aragón y Navarra,  aunque esta última realizó cambios significativos durante la tramitación. Básicamente,  en Andalucía y Aragón la legislación incluye prácticas eutanásicas como las siguientes:

  • El «derecho»  a la sedación (solicitada por el paciente o su familia) independientemente del criterio médico.
  • La posibilidad de privar de alimentos o líquidos a un paciente, ocasionando así su muerte.
  • La sanción a los profesionales que se nieguen a aplicar los dos aspectos anteriores.
  • El poder último de decidir cómo y cuándo pueden inducirse sedaciones o retirada de soportes vitales (incluidos alimentos) recae en el personal sanitario cuando el paciente «tenga dificultades para comprender la información que se le suministra».

El mejor resumen de esta situación se encuentra en una diapositiva realizada por el grupo Vida Digna de Profesionales por la Ética:

http://media.wix.com/ugd//862510_9554a75b127e2eb022b2e1e491202de3.pdf

Así que si viven en Andalucía o Aragón, atentos al cuidado de su vida o a la de los suyos; no dudo de la buena intención del personal sanitario de esas comunidades autónomas pero la realidad es que sus leyes autonómicas permiten que a una le manden al otro mundo antes de tiempo.

Teresa García-Noblejas