La larga e inacabada controversia de Educación para la Ciudadanía ha supuesto una progresiva decantación del verdadero alcance de estas asignaturas impuestas a machamartillo. Y es que entre aquellas inocentes proclamaciones gubernamentales sobre una asignatura que “sólo enseña Constitución y Derechos Humanos” y lo que hoy ya sabemos sobre EpC media un largo viaje de clarificación. Este proceso era imprescindible y mucho debemos todos al coraje de unos padres ejemplares que, en el ejercicio de una verdadera “ciudadanía crítica”, se negaron a aceptar, desde hace más de tres años, las cándidas mentiras oficiales.

Ahora, el portavoz oficioso de una de las ramas de la masonería española, el digital El Plural, nos ha proporcionado un buen epílogo para la polémica de EpC: los hijos son del Estado. No cabe mejor recapitulación del verdadero mensaje subyacente en el discurso de los defensores a ultranza de esta EpC. Incluyo, por supuesto, a Marina, Savater, Peces-Barba, Mayoral y sus compañeros de viaje.

La claridad de la conclusión se la debemos a Gustavo Vidal, quien se declara jurista, escritor, socialista… y miembro de la Gran Logia de España.

Su artículo, publicado el 2 de mayo en el citado digital con el título “Educación para la ciudadanía y formación moral de los hijos”, no puede ser más explícito. Este es el contenido íntegro:

Las últimas semanas, un asunto ha permanecido eclipsado por las miasmas de Moctezuma y el tsunami económico derivado de la recetas neocon. Me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo que consagra el derecho de Estado para educar en valores morales.

En efecto, la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección Pleno, 11 de febrero de 2009 (Rec. 905 / 2008), ha analizado la potestad educativa del Estado en relación con el derecho de los padres a “formar moralmente” a los hijos. Esta “formación moral”, al menos en mi opinión, representa una franquicia para inculcar ideas particulares a quienes deberían elegir en libertad.

Así, tradicionalmente, se ha interpretado que el Estado debía limitarse a la mera enseñanza académica cediendo el terreno ético a instituciones religiosas y a las discutibles convicciones paternas. Esta visión abstencionista de los poderes públicos ha sido superada por la reciente jurisprudencia.

En esta línea, el apartado sexto de la reseñada sentencia refiere que Educación para la ciudadanía limita de manera legal la libertad de los padres para “formar moralmente” a sus hijos.

Esto resulta asombrosamente razonable, toda vez que negar límites a la supuesta “formación moral a los hijos” podría devenir en patente de corso para imbuir prejuicios, discriminación e ideas inconstitucionales. Defender lo contrario equivaldría a proteger, por ejemplo, el derecho de unos padres neonazis a “formar moralmente” a sus hijos en esos “valores paternos”.

Aclara la sentencia que “…la actividad educativa no podrá desentenderse de transmitir los valores morales que subyacen en los Derechos fundamentales o son corolario esencial de los mismos… aquellos que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional y aparecen recogidos en normas jurídicas vinculantes, representadas por las que reconocen los Derechos fundamentales”.

A su vez, continúa la resolución, “es lícita su exposición en términos de promover la adhesión a los mismos… también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica”. Recuerda la sentencia que con esto “no podrá hablarse de adoctrinamiento”.

Opino que este pronunciamiento del Tribunal Supremo ha puesto en negro sobre blanco lo que el sentido común dicta: el Estado ha de velar por el conocimiento y respeto de los Derechos fundamentales y las libertades públicas fulminando cualquier rastro de discriminación por motivos de orientación sexual, raza, religión, condición social…

Frente a esta postura, propia de un país libre y moderno, no puede prevalecer ninguna “formación moral de los hijos” como pretenden algunos. Idea, por cierto, anclada en la visión del pater familias romano y que, por otra parte, nada sorprende en esta derecha de opereta que padecemos.

Podemos seguir mareando la perdiz con las apelaciones a “la legalidad”, “la adaptación” (o sea, “la ilegalidad”, como ya se ha demostrado oficialmente en Aragón y muy pronto se va a demostrar en Cataluña) o el “no-te-preocupes-que-aquí-no-vas-a-tener-problema” (es decir, “ilegalidad” más “ceguera” más “insolidaridad”). Pero “en negro sobre blanco”, como dice Vidal, con esta EpC el responsable de la formación moral de los hijos, en nuestro nuevo “país libre y moderno”, es el Estado. Así de claro.

Jaime Urcelay