Coegio de Médicos de Toledo

Según informa la agencia Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado parcialmente la solicitud de medidas cautelares realizada por el Colegio de Médicos de Toledo en relación a la orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la región por la que se establece el procedimiento de objeción de conciencia a realizar en la interrupción voluntaria del embarazo.

Según da cuenta ABC de Toledo con información de la agencia EFE, el Colegio de Médicos se declara satisfecho por la resolución, que considera un «éxito de aquellos valores que desde el ejercicio de la medicina nos unen»

Concretamente, según el referido auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal castellano-manchego ha acordado la suspensión cautelar del artículo 3.1, segundo párrafo, de la Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social por la que se establece el citado procedimiento de objeción de conciencia a realizar en la interrupción voluntaria del embarazo.

Dicho párrafo establece que: «A los efectos de esta Orden, se considera que son profesionales directamente implicados en una interrupción voluntaria del embarazo los facultativos especialistas en ginecología y obstetricia, los facultativos especialistas en anestesiología y reanimación, los diplomados en enfermería y las matronas».

Igualmente, se ha acordado la suspensión cautelar de los efectos de la «nota anterior» de la Gerencia de Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de 2 de julio de 2010, en la parte de la misma que establece la instrucción de que «En este cometido –de informar– no existe la posibilidad de objeción de conciencia por parte del profesional sanitario».

Del mismo modo se ha acordado la adopción de la medida cautelar por la cual se permite a los médicos que no sean especialistas en obstetricia y ginecología no es anestesiología y reanimación, y en particular a los médicos de atención primaria, plantear, en la forma y por los medios que en su caso la Administración establezca, y en otro caso por simple manifestación escrita, la objeción respecto a los deberes de información a que se refiere la circular del SESCAM.

El TSJCM ha denegado, por contra, la adopción de medidas cautelares en cuanto a la creación de un registro donde se incluya a los médicos que hayan formulado objeción de conciencia, como pedía el Colegio de Médicos de Toledo, ya que «no se da el presupuesto necesario de que la no adopción de medidas vaya a acarrear perjuicios de naturaleza irreparable y, por tanto, la pérdida de finalidad del recurso».

Seún informaciones de EFE, reproducidas por ABC de Toledo, el Colegio de Médicos había argumentado su oposición a la creación del registro en que suponía una «agresión» frente al derecho a no declarar sobre la propia ideología, religión o creencias.

También argumentó el peligro de «posibles consecuencias administrativas de dicha declaración», los «efectos psicológicos» que puede producir en el objetor porque puede ser tratado como un «potencial incumplidor de una norma» e indicó que en 25 años de la ley de despenalización del aborto no se consideró necesario crear un registro.

A estos argumentos, el TSJ-CM responde que «debe denegarse la adopción de medidas cautelares» por entender que la no adopción de dichas medidas vaya a acarrear «perjuicios de naturaleza irreparable» como exponía el Colegio de Médicos.

También argumenta que la objeción de conciencia reclama «por su misma naturaleza» de un acto de «manifestación externa de quien lo ejerce» y «no cabe negar que el ejercicio ha de exteriorizarse de una forma u otra».

El auto del TSJ-CM dice que no se alcanza a comprender el «perjuicio irreparable» argumentado por el Colegio de Médicos de Toledo, que pueda ocasionar el que la Administración lleve un registro «a los evidentes efectos de mejor gestionar sus servicios».

«Si dicho registro es objeto de utilización torticera, como parece afirmarse por el demandante que pueda suceder, deberá ser concretamente denunciado», argumenta el TSJ-CM, que agrega que «no cabe pedir la suspensión del registro sobre la base de una hipótesis».

En su comunicado, el Colegio Oficial de Médicos mantiene su oposición a la creación del registro de médicos abortistas, pero «se congratula y expresa su satisfacción» por la resolución «que acoge la petición y reconoce, cautelarmente, el derecho a ejercer la objeción por parte de los médicos de atención primaria».

El Colegio proclama el «indudable éxito del Estado de Derecho, y del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Española, a favor de facultativos médicos a los que desde la Administración Autonómica, se trataba de impedir tal ejercicio a objetar».

El Colegio de Médicos «no ha hecho más -dice- que servir de cauce y ejercitar un derecho pedido de manera insistente y mayoritaria por sus colegiados, velando por el estricto cumplimiento de la legalidad y, sobre todo, el máximo respeto a los derechos fundamentales inherentes a la persona, haciéndose eco de las demandas de sus colegiados».

La resolución dictada, agrega, «lejos de entenderse como un éxito del Colegio de Médicos de Toledo, lo entiende el Colegio como el reconocimiento del derecho individualizado de todos aquellos colegiados que con tesón, insistencia, y en muchos casos, con especial inquietud, han venido, y vienen recabando el apoyo y defensa en una materia tan sensible y un derecho tan fundamental como el referido».

Por encima de todo, concluye, es «el éxito de aquellos valores que desde el ejercicio de la medicina nos unen»