Como es sabido, el argumento esgrimido por el Gobierno de Rajoy para retirar el anteproyecto Gallardón sobre el aborto es que el texto carecía de «consenso». 

De esta afirmación parece deducirse que la población española hubiera admitido mayoritariamente que el aborto es un «derecho». ¿Ha fallado entonces el mensaje provida?, se puede preguntar alguno.

En mi opinión, no. Lo que si es cierto es que las leyes, como bien sabía y proclamaba Zapatero, tienen un potente efecto pedagógico en sí mismas y son capaces de condicionar cambios sociales. Así, a más facilidad legal para divorcios, mayor número y aceptación social de rupturas matrimoniales. Con el aborto sucede algo parecido.

Por eso, la lectura de los dirigentes del PP, si tuvieran principios y convicciones, no debería haber sido de pura investigación sociológica (medir el sentir social de la población) sino de voluntad pedagógica: qué se puede hacer para generar una política social a favor de la protección del niño y de la maternidad. Desde ese planteamiento se podría haber promocionado indirectamente que el aborto no es un derecho y los indicadores sociales de su aceptación disminuirían.

Es la responsabilidad de la clase política. Por eso el Papa apremia a entrar en política: porque entiende la influencia de las leyes sobre las frágiles conciencias de los seres humanos.

María Alonso