Respecto al aborto voluntario, me parece que hay tres tratamientos legales:

  1. Es un delito: por tanto, teóricamente se castiga. Esta era la situación en España antes de 1985 (aunque ninguna mujer ni médico fue a la cárcel por abortar).
  2. No es un delito sino que es un derecho: por tanto, no sólo no se persigue sino que se recomienda, se incluye en el plan de estudios de los médicos y se paga su ejecución con NUESTROS IMPUESTOS. Esta es la situación legal y real en España, desde la ley Aido/ZP.
  3. No es un delito pero tampoco es un derecho: por tanto, no se castiga pero tampoco se recomienda, ni se paga con NUESTROS IMPUESTOS.

Parece claro que el actual Gobierno va a mantener la situación legal “B”. Si bien en campaña prometía cambiarla, de sus declaraciones se deduce que no lo va a hacer sino que va a variar sólo detalles secundarios; consecuencia de que el equipo dominante en el PP acepta la ideología de género con todas sus aberraciones; aborto, gaymonio, etc.

Sabiendo que no va a ser posible en esta legislatura volver a la situación “A”, creo que habría que concentrarse en que la ley refleje la alternativa “C”. No se castiga, pero tampoco se recomienda y, sobre todo, no se paga con NUESTROS IMPUESTOS. De la misma forma que, por poner un ejemplo, el adulterio no se castiga, pero tampoco se recomienda ni se paga el hotel con NUESTROS IMPUESTOS.

No estoy equiparando la gravedad del aborto con la del adulterio, pero me parece que puede valer como esquema para encuadrar las alternativas a que me he referido. Estoy convencido de que suprimir la financiación pública del aborto, aunque no se declarara delictivo, tendría dos consecuencias: disminuiría drásticamente el número de abortos y produciría un cambio en la mentalidad de la gente en contra del relativismo y de la ideología de género, y a favor de una conciencia natural.

Enrique Díez Coelho