Se estudian las vías judiciales para exigir responsabilidades al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación
 
Madrid, 29 de abril de 2009. Ayer difundíamos la denuncia realizada por varios padres de la sierra oeste de Madrid sobre un Programa de Educación Afectivo-Sexual impartido en el colegio público Carlos Ruiz de Galapagar (Madrid) con la colaboración de la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Galapagar (http://profesionalescomunica.wordpress.com/).  
Inmediatamente, el Ayuntamiento de Galapagar emitió un comunicado (http://www.cope.es/file_upload/pdf/12409179951049090277.pdf) indicando que han sido varios los cursos y talleres desarrollados por la concejalía de Salud en esta materia durante los últimos cinco años, con el objetivo de informar y responder a los alumnos «sobre las dudas elementales en torno a las relaciones afectivas y sus manifestaciones sexuales». También se les enseña, siempre según el Ayuntamiento, «la diferencia entre los conceptos de sexo y género». El comunicado municipal explica que «según la información facilitada por el Centro Escolar, en ningún caso se ha entrado a valorar aspectos como la masturbación, únicamente se ha intentando responder a las dudas de los propios alumnos que a través de un buzón que tiene la tutora en el aula, permite a los escolares dejar sus preguntas en torno a las relaciones afectivas».
Desde la asociación Profesionales por la Ética y la plataforma Educan los Padres Villalba manifiestan lo siguiente:
El Ayuntamiento de Galapagar no niega que se hablara de masturbación a los alumnos de Primaria. María Menéndez, portavoz de la plataforma, explica que, ante la denuncia de los padres, se puso en contacto con una funcionaria de la concejalía de Salud de Galapagar. Dicha funcionaria le indicó que ella había estado presente en las sesiones del programa formativo y que se había explicado lo que era la masturbación mediante gestos («porque si no no hay manera de explicarlo», según la funcionaria) respondiendo a la pregunta de un alumno.
El Ayuntamiento de Galapagar oculta que el programa de formación (según consta en el folleto enviado a los padres) tiene como objeto enseñar a niños de 11 y 12 años «el proceso de reproducción humana, desmontando los tabúes adquiridos» y «discriminar prejuicios adquiridos en cuanto a la manifestación y expresión de las emociones». 
En todo caso, la responsabilidad de este caso no es sólo del Ayuntamiento de Galapagar sino también de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, titular del centro público Carlos Ruiz ubicado en esa localidad madrileña.
En este sentido, hay que recordar que las recientes sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (recursos 1013/2008, 948/2008, 949/2008 y 905/2008) indican expresamente que:
En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores– quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquier otra– es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.
La asociación Profesionales por la Ética y la plataforma Educan los Padres Villalba estudian las vías judiciales más adecuadas para exigir responsabilidades jurídicas a las administraciones correspondientes por incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo.