En la última semana EH Bildu ha impulsado en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales planteando una ley estatal para despenalizar la eutanasia a través de la reforma del Código Penal para evitar, dice el texto, todo castigo a aquella persona que cause o coopere activamente en la muerte de un enfermo incurable o con padecimientos difíciles de soportar.

En la exposición de motivos del texto se indica que el objetivos es que las personas “tengan el mismo derecho a una muerte digna que a desarrollar una vida de calidad” y “se priorice la capacidad de decisión de las personas también en el momento de poner fin a la misma”

Para la Asociación VidaDigna plantear la modificación del Código Penal “supone una irresponsabilidad porque es esperable una cascada de sucesos que, en unos años,  terminaría poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y causando un daño notable al sistema sanitario tal como lo conocemos”. Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna afirma: “uno de los fines del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos,  si cede en algunos casos, ya no será capaz de delimitar la barrera de por qué este caso no y éste otro sí puede seguir viviendo. Es evidente que la provocación intencionada de la muerte siempre irá a más, en número y en supuestos. La dinámica de la eutanasia es siempre expansiva  y, por ello, es muy peligrosa como se puede comprobar en los pocos países que la han aprobado”.

Según los últimos datos, el 32% de las eutanasias en Bélgica, a los 5 años de su legalización,  se realizaron ya sin consentimiento del paciente. En Holanda se ha descrito un porcentaje similar y el informe oficial del gobierno muestra los casos de muertes anuales sin petición explícita, a pesar de que la ley establece la eutanasia sólo para personas que lo solicitan.

También aparecen cartas de familiares que no fueron informados antes de la eutanasia de sus padres. Manifestaciones de políticos y promotores de la eutanasia que, al ver cómo están evolucionando las cosas, afirman: “yo era partidario de la eutanasia, pero después de estos años, he cambiado de opinión” (Boer, de la Comisión de Evaluación de Holanda). Surgen argumentos desde cualquier ideología política, así por ejemplo, en Portugal  el partido comunista se unió a la derecha para bloquear la eutanasia y por ello no se ha legalizado en 2018 y en Inglaterra los partidos mayoritarios rechazaron la eutanasia para evitar la presión que se crearía sobre las personas vulnerables.

Para Álvarez, “Se empieza como un ‘derecho a tomar las propias decisiones al final de la vida’, pero la práctica  muestra que la eutanasia, en última instancia,  ha dado a los médicos, no a los pacientes, cada vez más poder. Y es que a través de un supuesto “derecho a morir” no hacemos más que proyectar sobre el enfermo terminal nuestra convicción, más o menos consciente, de que su vida es prescindible”.

Según los expertos, para lograr los mismos objetivos que plantea la iniciativa de Bildu respecto al sufrimiento y el final de la vida, lo que realmente se necesita es una Ley Nacional de Cuidados Paliativos y el impulso de una Estrategia Nacional de atención integral a enfermedades graves e incurables que responda a estas demandas de atención, que generen trabajo, servicios y bienestar en las familias y en los  que padecen enfermedades graves e incurables.

(Imagen: Rebeka Ubera, de EH Bildu presenta la iniciativa legislativa en el Parlamento Vasco para despenalizar y regular la eutanasia. Foto: EH Bildu).