Madrid, 21 de enero de 2009.

Cuando la mayoría de las resoluciones judiciales dan la razón a los objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), queremos recordar que desde 2007 (primer curso escolar en el que se puso en marcha la asignatura) hasta hoy mismo, los padres objetores y sus hijos han sido amenazados, presionados y agraviados de palabra y de obra.

·         El primero de estos obstáculos ha sido la intransigente postura del Gobierno central, que, desde 2007, ha amenazado sistemáticamente a los padres objetores ignorando sus derechos y despreciando las resoluciones judiciales que les dan la razón. Sin ir más lejos, Mercedes Cabrera, ministra de Educación, reiteró, a principios de este mismo curso, que faltar a clase de EpC es como faltar a Matemáticas. Unos meses antes, el propio ministro de Justicia, Mariano Bermejo, se permitió amenazar a los objetores a EpC diciéndoles que se atengan a las consecuencias de su objeción. Francisco España, Consejero de Educación español en Portugal, tachó a una madre objetora de fundamentalista. El presidente de Gobierno y las dos ministras de Educación (María Jesús San Segundo y Mercedes Cabrera) se han negado repetidamente a recibir a padres objetores.

·         El Ministerio de Educación faltó deliberadamente a la verdad haciendo creer a la opinión pública, mediante nota de prensa (5 de febrero de 2007), que «El Consejo de Estado no encuentra objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» y que «incluso avala tanto la conveniencia como la legalidad de dicha asignatura». Sin embargo, el dictamen que sobre el proyecto de Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO realizó el Consejo de Estado el 21 de diciembre de 2006 advierte expresamente al Gobierno que, en virtud de la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, no pueden formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo “la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución”. 

·         Las Administraciones autonómicas, con la excepción de Madrid y La Rioja, se han mostrado beligerantes con los objetores. En Andalucía y Aragón, por ejemplo, se está obligando a entrar en clase a objetores exentos de EpC por resolución judicial. La Junta de Andalucía, a principios del curso 2008-2009, publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los nombres de hijos menores de edad cuyos padres habían objetado.

La Generalidad de Cataluña, por su parte, amenazó al Colegio Loreto-Abat Oliba de Barcelona con retirarle el permiso para impartir enseñanza cuando este centro declaró que no impartiría unas asignaturas contrarias a su ideario.

En el Principado de Asturias,  una veintena de alumnos de centros concertados han sido expedientados por la dirección; los expedientes acusan a los alumnos de absentismo (a pesar de que el absentismo es la ausencia reiterada del centro escolar, circunstancia que en este caso no se da). Curiosamente, la Consejería de Educación se ha cuidado mucho de dejar huellas documentales y ha instando verbalmente a los centros escolares a que expedienten. Generalmente, los colegios, incluidos los concertados, son los que cargan con la responsabilidad de enviar una carta a los padres advirtiéndoles que de no asistir a clase de EpC podrían no ser evaluados e incluso no obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En Murcia, la Consejería de Educación, Formación y Empleo obliga a los objetores a entrar en clase de EpC.

En Galicia, ya en 2007, la Consejería de Educación anunció que mandaría inspectores a los centros educativos para supervisar cómo estaban impartiendo EpC.

·         Desde octubre de 2007 se han sucedido casos de presión a objetores: María C., una madre objetores de Jaén, fue llamada repetidamente por el jefe de estudios del Instituto donde estudiaba su hijo para que fuera a buscarle durante clase de EpC.  Ante la firme postura de María, defendiendo su derecho a objetar, el chico permaneció en el pasillo mientras la Junta de Andalucía acosaba a la madre solicitándole que acredite «la representación legal de su hijo». En Lucena y El Puerto de Santa María, el director de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) escribió a los padres que habían objetado instándoles a que entraran en clase o fueran recogidos por sus padres. En Cádiz, Jaén y Oviedo (por citar solo tres casos entre los muchos que ha habido), se ha reprendido a los alumnos objetores ante toda la clase, amenazándoles con el suspenso. En colegios religiosos de Talavera y Castellón nos consta la asistencia de inspectores para ver cómo se impartía Educación para la Ciudadanía. Además, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha llamando uno por uno a los padres para preguntarles si seguían en su empeño de objetar. En Andalucía y Castilla-La Mancha, se ha llegado a exigir a los objetores que acreditaran la paternidad sobre los alumnos presentado el Libro de Familia. En un IES de Aspe (Alicante) los objetores permanecen en el pasillo y son constantemente amenazados con el suspenso por parte de los docentes.

·         No solo la Administración ha despreciado a los objetores. En numerosos centros escolares, incluso de ideario católico, se ha asegurado a los padres que el Ministerio de Educación les permitía adaptar las asignaturas de EpC a su ideario, algo radicalmente falso puesto que no existe ninguna base legal para hacerlo. En varios de estos centros de ideario católico constan casos de padres a los que la dirección ha pedido que se vayan a otro colegio si querían objetar a EpC. En un colegio concertado de la provincia de Toledo, la dirección aseguró a los padres que no había objeciones en el centro y resultó que había 70 objeciones presentadas. En Castilla y León, una madre objetora amparada por un Auto judicial recibió hasta tres llamadas en un día; en una de ellas, el religioso que dirigía el centro le llegó a exigir un documento notarial en el que se hiciera responsable de lo que le podía pasar a su hijo si no entraba en clase.

 

·         Asociaciones de padres afines al Gobierno, como CEAPA, han pedido a la Fiscalía de Menores que intervenga y actúe contra los padres objetores. El sindicato CCOO en Murcia también ha dictado instrucciones escritas a sus afiliados para que declaren absentistas a los objetores. Por su parte, la Asociación Profesional de Inspectores Educativos ya manifestó en 2007 que informarían a las autoridades educativas de los incumplimientos que detecten en relación con la impartición o asistencia a clase de EpC. José Antonio Marina, autor del manual de EpC calificó a los objetores de «indecentes» en una charla de un colegio de La Salle en Barcelona 15 de mayo de 2008.