El pasado 6 de marzo, el periódico La Razón, sin duda el que más de cerca ha seguido la cuestión Educación para la Ciudadanía, se hacía eco de una noticia que para el gran público (no digamos para los medios oficiales) ha pasado desapercibida.

Y es que los abogados de los objetores sentenciados por el Tribunal Supremo han llevado el caso del vídeo de Cabrera (del que aún no se han dado explicaciones, pasado un mes del asunto) ante el Constitucional. Como relataba al citado periódico José Luis Lafuente, excelente abogado y aún mejor persona, el vídeo demuestra que la sentencia no fue dictada por el poder judicial sino por el ejecutivo. La cuestión, que también ha sido planteada como queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial, podría ser menos grave, indicaba Lafuente: que se hubiera violado el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por consiguiente el deber de los jueces de mantener el secreto de las deliberaciones y el resultado de las votaciones, lo que daría lugar a responsabilidades disciplinarias.

A Lafuente se le ha olvidado una tercera opción: que la ministra Cabrera, por si misma o por algún don especial, hubiera adivinado el resultado, hubiera grabado el vídeo y ordenado que se colgara en internet media hora antes de que se reuniera la Sala del Supremo, vamos cuando los magistrados estaban fumando un cigarro en la calle o tomándose un café.

En todo caso, no me digan que el tema no resulta apasionante. Aunque nunca sepamos la verdad.

Teresa García-Noblejas