Según informa María Inés Franck desde el Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia, la Cámara de Diputados de Argentina debate desde el pasado martes el dictamen sobre una nueva ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que permitiría la manipulación y destrucción de embriones humanos.

Este es el informe de dicho Observatorio sobre el proyecto legislativo.

LA ARGENTINA, PRÓXIMA A LA SANCIÓN DE UNA LEY DE FECUNDACIÓN ARTIFICIAL QUE PERMITE LA DESTRUCCIÓN DE EMBRIONES

María Inés Franck /  Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia / Octubre de 2014

El 21 de octubre próximo un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la República Argentina tratará un dictamen emitido por la Comisión de Acción Social y Salud Pública de ese cuerpo sobre técnicas de reproducción humana asistida.

El Congreso argentino, en 2013 había sancionado la ley 26.862 de garantía de acceso a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, con el fin de lograr un embarazo. Dicha ley creaba un registro único para la inscripción de los centros habilitados para realizar estas técnicas, habilitaba a toda persona mayor de edad a realizarse estos procedimientos, establecía la obligación de las obras sociales y prepagas de incluir la fecundación artificial en sus coberturas y pedía al Poder Ejecutivo su reglamentación posterior. Esta reglamentación llegó poco después, a través del Decreto 956/2013. Seguía manteniéndose la finalidad exclusiva de las técnicas en cuanto a buscar un embarazo; diferenciaba las técnicas de alta y baja complejidad; se refería brevemente a los requisitos de los establecimientos sanitarios que desarrollaran la fecundación artificial, a la posibilidad de incluir nuevos procedimientos y técnicas y al consentimiento informado de los beneficiarios.

El predictámen que se tratará el 21 de octubre próximo tiene por objeto “regular el alcance, los derechos y las relaciones jurídicas derivados del empleo de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y la protección del embrión no implantado” (art. 1°). A pesar de esta declamación, en ningún momento el texto hace referencia a la protección del embrión; por el contario, las medidas aquí contenidas lo discriminan y perjudican claramente, teniendo siempre como objeto el beneficio de los destinatarios adultos de las técnicas, así como el de los donantes  de gametos para terceros.

El art. 12 manda expresamente el descarte o la destinación para investigación de embriones humanos luego de 10 años de crioconservados: “En caso de crioconservación de gametos o embriones obtenidos de quienes se constituyan como beneficiarios de Técnicas de Reproducción Humana asistida, transcurridos diez (10) años desde la obtención del material genético, deberán ser descartados o destinados a la investigación conforme los parámetros que fije la reglamentación”. Sin embargo, las personas que se hubieran sometido a las técnicas podrán abreviar ese plazo de 10 años (art. 13). Sólo se podrá prorrogar ese plazo (por cinco años más) en el caso del material genético de los adultos beneficiarios de las técnicas (art. 12).

El art. 13 establece también la posibilidad de “donar” embriones humanos a los centros de salud, en cuyo caso “las personas o parejas que donaren sus gametos o embriones en los términos del párrafo anterior quedarán sometidos al mismo régimen de los aportantes de gametos para terceros”.

El art. 14, por su parte, establece la prohibición de comercializar embriones y gametos crioconservados. También prohíbe “la utilización de embriones viables para experimentación o investigación que no respeten los parámetros fijados por la Autoridad de Aplicación”. Esto supone que la prohibición de experimentar con embriones no existe en el caso de los embriones considerados “no viables”, pero tampoco es absoluta en el caso de los catalogados como “viables”, ya que la Autoridad de Aplicación podría autorizarla.

Otra de las prohibiciones de ese artículo es la de “toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia”. Por un lado, observamos aquí que no se prohíben todas las alteraciones genéticas en el embrión, sino sólo aquellas que se transmitirán a su descendencia. Por otro, nos parece que la asunción de que el embrión pueda tener descendencia implica el reconocimiento de un importante rasgo de personalidad de ese embrión.

El art. 16 asegura la confidencialidad absoluta de los datos referidos al “aporte de gametos o embriones para terceros”. Afirma que “El centro de salud autorizado no podrá, en ningún caso, revelar a las personas o parejas beneficiarias de las Técnicas de Reproducción Humana asistida la identidad del aportante de los gametos”. Esta medida constituye una clara violación del derecho a la identidad de las personas concebidas por estas técnicas.

El predictamen no pone límites ni a la cantidad de ovocitos inseminados ni a la cantidad de transferencias de embriones, los cuales quedan a criterio del centro de salud. Tampoco se ponen límites a “cualquier procedimiento avalado por avances técnicos científicos y homologado por la Autoridad de Aplicación” (art. 17).

Adicionalmente, el art. 18 autoriza a los centros de salud a “practicar técnicas de diagnóstico preimplantatorio en los términos que fije la reglamentación”.

El art. 22 establece que el Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto autoridad de aplicación “puede convocar a organizaciones de la sociedad civil, titulares de centros médicos, profesionales de la medicina, de la psicología y del derecho, especialistas en fertilización asistida, académicos y a todo otro que considere pertinente, a los fines de conformar un Comité Asesor Honorario Ad Hoc, para que los integrantes emitan opinión fundada respecto del tema para el cual se los hubiere citado, gozando también de incumbencias bioéticas. El Comité Asesor Ad Hoc tendrá como misión principal colaborar con la Autoridad de Aplicación para que las decisiones que se adopten gocen de respaldo científico y sean acordes con los avances de la ciencia y la tecnología”. El art. 24, por su parte, afirma que “La Autoridad de Aplicación elaborará protocolos específicos para ser utilizados por los profesionales intervinientes en las Técnicas de Reproducción Humana Asistida en los procedimientos de recolección, manipulación, tratamiento y posterior transferencia de gametos y embriones, a los efectos de unificar criterios y establecer estándares de seguridad”.

Se observa en estas normas la total ausencia del componente ético a la hora de evaluar las técnicas. Si bien se otorga incumbencia bioética a estas organizaciones, en ningún momento se mencionan criterios bioéticos, sino tan sólo los derivados de los avances de la ciencia y la tecnología.

El predictamen asigna a la autoridad de aplicación y a las autoridades de salud jurisdiccionales un rol de promoción de las prácticas de estas técnicas en todo el país (art. 23).

El art. 26 establece las infracciones a la ley. Entre todos los incisos de este artículo no existe ninguna infracción que tenga en vista la violación de algún derecho del embrión o su protección de cualquier manera, a pesar de lo afirmado en el art. 1° del predictamen. Lo mismo puede afirmarse del art. 28, destinado a las sanciones a aplicar, entre las cuales sólo se menciona como protegidos a los adultos beneficiarios de las técnicas y a los aportantes de gametos para terceros (incisos a y b).

En síntesis, de aprobarse este texto el 21 de octubre el Congreso podría darle media sanción a un dictamen que:

– Regula las técnicas de fecundación artificial, permitiendo la fecundación extracorpórea y el aporte de gametos por parte de terceros

– No se aseguran los fines exclusivamente reproductivos del aporte de gametos

– No pone límites en la cantidad de gametos aportados por persona

– Nada dice del estatuto jurídico de los embriones humanos, ni los protege de ninguna manera

– Establece una injusta discriminación entre los embriones considerados “viables” con los tomados como “inviables”, permitiendo la destrucción automática de los últimos o su destino a la investigación. En el caso de los viables, la destrucción o destino a la investigación se darían a los 10 años de crioconservados, o luego de un periodo menor en caso de que los beneficiarios de las técnicas y la autoridad de aplicación así lo determinen.

– No dice nada sobre la obligación de los padres de informar a sus hijos la forma en que fueron concebidos.

– Afecta el derecho a la identidad de los niños concebidos con gametos de terceros al permitir el aporte de gametos y al establecer un anonimato que sólo se levanta por orden judicial (el art. 564 del recientemente sancionado Código Civil establece que “a petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede: a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local”).

– Admite el diagnóstico preimplantatorio, generando así la posibilidad cierta de discriminación hacia los concebidos con discapacidad

– No dice nada sobre las finalidades con las que se pueden usar las técnicas, ni que sean un último recurso en casos de infertilidad o esterilidad, ni sobre los motivos por los cuales se recurre al aporte de gametos de terceros

– No pone límites en el número de óvulos a fecundar ni en que todos los embriones sean transferidos

– Todo esto se produce a pesar de que el Código Civil recientemente sancionado se refiere en su art. 19 al comienzo de la personalidad humana desde el momento de la concepción.

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