El reciente anuncio de la Ministra de Sanidad de que el Gobierno autorizará la dispensa de la llamada «píldora del día después» (PDD) sin necesidad de receta médica, incluso a menores de edad sin la autorización parental, «y a un precio asequible», plantea serios interrogantes, desde un triple punto de vista moral, social y de salud pública.

  

Hasta ahora, la píldora se venía distribuyendo en España en centros de salud, algunos centros municipales y en farmacias, siempre con receta médica, para situaciones excepcionales en las que se hubiera tenido relaciones sexuales plenas sin protección alguna, con eficacia en un plazo de setenta y dos horas. El objetivo: eliminar, «in extremis», cualquier consecuencia de una relación sexual coital en la que no se tomaron medidas preventivas del embarazo o se duda, por la razón que sea,  de su eficacia.

  

Ante todo, conviene recordar que la píldora anticonceptiva de emergencia es un potente complejo hormonal que contiene levonorgestrel  y otras sustancias,  capaz de provocar un doble efecto, primero anticonceptivo, -evitando que se produzca la fecundación-, y segundo, un efecto secundario, pero también posible, anti-implantatorio. Este último significa que, de haberse producido la fecundación del óvulo por el espermatozoide, la PDD  puede hacer  que el embrión recién concebido no anide en el útero, y se produzca un aborto, del cual la mujer ni siquiera va a darse cuenta.

 

Desde el punto de vista ético, (y dejando a un lado las reservas morales que podrían hacerse respecto de la conducta anticonceptiva en general y en particular respecto de su promoción, en un país con tan serios problemas de natalidad), la  PDD ya es problemática moralmente puesto que no se trata de una píldora anticonceptiva más, sino  de un fármaco con un posible efecto abortivo. Ya que la mujer no sabe en el momento de tomarla, si está o no embarazada, su ingesta supone aceptar esa posibilidad. Aunque se trate de un cigoto, un embrión humano muy joven, en la medida en que se podría estar provocando un aborto, ya existe un problema ético. En este sentido, sería necesario que los ginecólogos que la recetan y los farmacéuticos que la dispensen, informen de este efecto abortivo, y que la Administración sanitaria competente exigiera a los laboratorios que la fabrican que incluyan en el prospecto esta información. De esta manera, la mujer podría consentir informadamente, esto es, con verdadera libertad.

 

Desde el punto de vista social,  permitir que la PDD se pueda adquirir sin control facultativo, sin límite de edad y sin control paterno para los menores, choca contra el más elemental sentido común y, por cierto, contra la línea ideológico-política mantenida por el gobierno hasta ahora en materia de «derechos reproductivos y salud sexual»: facilitando -e indirectamente promoviendo- esta fórmula anticonceptiva, se transmite a la sociedad la falsa idea de que se trata de un anticonceptivo más, una opción que debe ser accesible, fomentando un número incontrolable de abortos, en lugar de una conducta anticonceptiva responsable. Porque, si mañana puedo ir a la farmacia y me darán la PDD sin receta, ¿para qué voy a tomar la píldora diariamente o vamos a usar el preservativo? No sólo es incoherente con la política de promoción de conductas responsables frente a los embarazos no deseados y contra la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, – sino que pone a disposición de los menores un fármaco con serias contraindicaciones y efectos secundarios sobre la salud, sin que sea necesaria ni la intervención del médico ni la de los padres o tutores, lo que fomentará un uso frecuente, en suma, se está promoviendo justo lo contrario de la  responsabilidad en materia sexual.

  

Desde la perspectiva de la salud pública, cuya promoción y aseguramiento es el primer deber -constitucionalmente establecido- de las autoridades sanitarias, esta medida es absolutamente contraproducente. La razón, enunciada más arriba, ha sido explicada por los expertos: La píldora del día después es un producto con una fuerte carga hormonal, un complejo químico con graves posibles contraindicaciones y con efectos secundarios posibles muy nocivos para la salud de la mujer, por lo que debería estar bajo control ginecológico, y tomarse muy excepcionalmente. Desde luego, esto no ha sido expresado por la Sra. Ministra y es una grave irresponsabilidad. Si hoy día, en España, los farmacéuticos no venden antibióticos ni productos mucho menos importantes sin receta médica; si se está defendiendo institucional y legalmente un uso racional del medicamento; y, sobre todo, si lo que se quiere es promover conductas responsables, ¿cómo se puede banalizar el efecto de la PDD y autorizarse su libre administración, sin poner en riesgo la salud de sus usuarias?

  

Ante tan disparatada iniciativa, contraria a la moral, a la responsabilidad en las relaciones sexuales y  a la salud pública, esperamos una contundente reacción de la sociedad civil, especialmente de los colegios profesionales, médicos y farmacéuticos, resistencia mucho más clara y activa de la que hemos visto hasta ahora, desde el punto de vista institucional.

 

Pero también confiamos en la valentía de los profesionales sanitarios, que, en coherencia con los más elementales principios de sus respectivos códigos deontológicos, podrán ejercer una doble objeción: la de ciencia, pues no tratándose de un «medicamento» – no sirve para tratar ni curarse de nada-, no forma parte de su función profesional su distribución;  y de conciencia, cabría ejercer este derecho constitucional, pues con este cambio legislativo, por razón de su potencialidad abortiva, la prescripción y la dispensa de la píldora supone un caso de gravísimo conflicto con las convicciones éticas de la gran mayoría de los profesionales de la salud.

  

Ante tan nefasta e irresponsable decisión política, nos preguntamos: ¿No estará sirviendo la difusión en estas condiciones de la  “anticoncepción de emergencia”, como una medida política “de emergencia”, para distraernos de otras emergencias económicas y sociales pendientes de resolver?

 

 

José Carlos Abellán Salort (Universidad Rey Juan Carlos)