El grupo interdisciplinar de expertos VidaDigna de Profesionales por la Ética advierte que “la ley valenciana de muerte digna permitirá que el paciente muera de hambre y de sed y no por su enfermedad”.

A esta conclusión han llegado estos expertos tras analizar el Proyecto de Ley, de la Generalitat Valenciana, de derechos y garantías de la persona en el proceso de atención al final de la vida (para descargar el texto del Dictámen de la Comisión, pinchar aquí), aprobado este pasado jueves en las Cortes Valencianas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el del Partido Popular, que ha votado en contra.

Así lo detalla el portavoz de VidaDigna, Carlos Álvarez: “Consideramos que lo más relevante del texto es que no diferencia entre retirar medidas de soporte vital y retirar cuidados básicos como hidratación o nutrición. Ésta es la cuestión clave y es el error, intencionado, en el que todas las llamadas leyes de muerte digna sucumben. Así, establecen el derecho a su retirada y ejercen presión sobre el profesional, que sería sancionado por infracción grave por obstaculizar el disfrute del derecho de retirada de soporte vital. Es preciso señalar que, al retirar los cuidados básicos de hidratación o nutrición, el paciente moriría de hambre y de sed y no por su enfermedad”.

Álvarez explica también que “la mayoría de los derechos que se recogen en la ley valenciana ya estaban contemplados en la ley de autonomía del paciente del año 2002, que tiene rango nacional y está por encima de la legislación autonómica. Los derechos que contempla la Ley en relación con la intimidad, el consentimiento informado, las voluntades previas… están garantizados por la legislación en vigor. En este sentido, no aporta ninguna novedad”.

Otro aspecto negativo del texto aprobado hoy en las Cortes valencianas, a juicio de este colectivo de especialistas, es que “convierte la sedación en un derecho del paciente a pesar de que existe un consenso que afirma que la sedación siempre debe estar bien indicada por el médico para situaciones concretas. “No es un servicio a la carta, a demanda del paciente. Tal como está en la norma valenciana, la sedación se convierte en generadora de conflicto y mala praxis, dando lugar a la práctica de la eutanasia, que es delito en España”.

Álvarez también explica que “mencionar en el texto legal el derecho que tienen los ciudadanos a recibir cuidados paliativos -poder morir sin dolor físico y anímico-, sin una dotación presupuestaria implica que ese derecho no podrá hacerse realidad”.

“En conclusión, la aprobación de esta ley no da más derechos a los valencianos ni les da la posibilidad de morir mejor. Por el contrario, se abre una peligrosa puerta para que pacientes -terminales o no- puedan ser sedados o privados de los cuidados básicos, con o sin su consentimiento, pudiendo producirse eutanasias encubiertas”, concluye Carlos Álvarez.

Para descargar el texto del Dictámen de la Comisión del Proyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, pinchar aquí.