Esperanza Aguirre y Lucía Figar

Una de las últimas declaraciones públicas sobre las polémicas asignaturas de EpC se la debemos a Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Fueron publicadas por el diario LA GACETA el pasado 29 de noviembre. La periodista las titula “La asignatura es un atentado al pluralismo político” y esto es lo que afecta a EpC:

 –          ¿Cómo han solucionado la imposición de Educación para la Ciudadanía?.

–          Estoy radicalmente en contra de esta asignatura, porque lo que se pretende no es otra cosa que imponer unos contenidos ideológicos y morales que ni están en la Constitución ni pertenecen a las reglas morales de todos. Y esta corrección política de la visión de género, en fin, de la imposición de la ideología del Gobierno, es un atentado al pluralismo político”.

       –      ¿Y qué es lo que han hecho en su Gobierno?.

       –      Soy de las que cree que son los padres los que tienen derecho a educar a sus hijos con arreglo a sus creencias, y que los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Los padres madrileños pueden tener toda la tranquilidad porque hemos hecho un currículum de la materia ajustada a los principios constitucionales. El ministerio de Educación lo ha recurrido y el TSJM nos ha dado la razón y lo ha ratificado. Los padres madrileños tienen que saber que Educación para la Ciudadanía solo enseña principios constitucionales”.

 Nada que objetar a la primera parte de la entrevista. Tanto el juicio sobre las asignaturas como la inequívoca proclamación del derecho de los padres son impecables. Esperanza Aguirre demuestra además, como ya lo hizo en la presentación pública del libro de Jesús Trillo-Figueroa “Una tentación totalitaria. Educación para la Ciudadanía”, que cuando habla de EpC sabe lo que dice.

 En cambio, lo que a estas alturas no parece aceptable es su afirmación de que “los padres madrileños pueden tener toda la tranquilidad porque hemos hecho una materia ajustada a los principios constitucionales”. Y no es aceptable sencillamente porque es falso.

 La Comunidad de Madrid no puede hacer   –por mucho que quiera-  una asignatura distinta, en sus aspectos básicos, de la que prescriben los Reales Decretos por los que se aprueban las enseñanzas mínimas de EpC. La LODE (Disposición Adicional Primera, aptdo. 2, letra c) y la LOE (art. 6, apartados 2 y 4) son meridianamente claras al respecto.

 Y, además, eso es precisamente lo que el TSJ de Madrid resolvió en la sentencia que Aguirre cita en la entrevista: que el currículo de Madrid –en este caso el de las asignaturas de EpC de la ESO-se ajusta a los principios inspiradores de los Reales Decretos del Gobierno de la Nación, por lo que no procedía dar la razón al Ministerio en su pretensión de que se anulara el desarrollo autonómico. Simplemente porque “no hay caso”. La asignatura es la misma. Al texto de la sentencia de 21 de julio de 2009 me remito.

 Pero no solamente los argumentos jurídicos demuestran que en esta cuestión a Aguirre la engañan o que ella nos quiere engañar. También los hechos ponen de manifiesto que los padres madrileños no podemos estar tranquilos. Sin necesidad de entrar en mayor casuística   –parte de la cual ya está en tribunales-, basta con recordar dos informaciones que Profesionales por la Ética ha denunciado. Son sólo dos ejemplos muy concretos.

 Me refiero, de una parte, al hecho de que Madrid sea la Comunidad en la que la FELGT ha desarrollado, según datos de la propia Federación, mayor número de programas educativos para la promoción de la “orientación  homosexual” en centros escolares públicos.

 De otra parte, la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, verdadera artífice intelectual de EpC junto con la Cátedra de Laicidad y Libertades Fundamentales de la Universidad Carlos III, tiene firmado un Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación de la CAM para la formación del profesorado de EpC. Así aparece en la Memoria oficial y pública de CIVES y no hay motivos para pensar que en esto nos estén engañando.

 Estaríamos encantados de encontrar una explicación razonable a este sorprendente empeño en “venderles” a los padres madrileños algo que la Consejería de Educación y, con toda probabilidad, la Presidenta, saben que no es cierto.  

 Como nos gustaría también saber por qué la Comunidad de Madrid decidió, “sin dejar rastros”, abandonar a los padres objetores a su suerte, con la inestimable colaboración, eso sí, de quienes prefirieron no criticar una injusticia del poder por aquello de “no morder la mano que te da de comer” (sic).  

 Pero mientras terminamos de completar la información sobre los entresijos de “los arreglos” madrileños, lo que sí es cada vez más patente es el verdadero alcance de EpC en el proyecto de nueva identidad cultural del Gobierno Zapatero. Sus consecuencias también. Desgraciadamente, no nos habíamos equivocado.

 En el tema de EpC la Comunidad de Madrid  puede todavía rectificar, si es que de verdad cree que “son los padres los que tienen derecho a educar a sus hijos con arreglo a sus creencias, y que los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”. Mentes lúcidas no le faltan para poder hacerlo.

 Más con apoyo político o sin él, un buen número de padres hemos entendido ya cuál es la mejor manera de defender en estos momentos críticos la libertad de educación: ejerciéndola con todas sus consecuencias.

 Jaime Urcelay