Concentración Madrid 3 de julioHoy entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo más significativo de la Ley es que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el aborto se convierte en un derecho que se puede ejercer y reivindicar sin cortapisas.

Esta realidad, en opinión de Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, altera por completo el panorama jurídico español porque se otorga carta de legalidad a la muerte del inocente frente al fuerte. «Culturalmente», indica, «significa que la violencia, incluso con la consecuencia de muerte de un ser humano, está legitimada».

Leer el artículo de Juan Manuel de Prada «Cómo parar el aborto» (ABC 05/07/2010)

Leer «Salvarlos uno por uno» de Mons. José Ignacio Munilla (de su blog personal En Tí confío)

Como no podía ser de otra manera, semejante disparate jurídico afecta a muchas personas, entre ellas a numerosos profesionales. «Lógicamente», afirma Urcelay, «el primer afectado es el niño al que se le quita la vida. Pero es que, además, muchas mujeres se van a ver obligadas, directa o indirectamente, a abortar por motivos económicos, laborales o como forma de presión por parte de sus familiares o de su entorno social».

A falta de conocer el desarrollo completo de la Ley, según Profesionales por la Ética, los profesionales sanitarios quedan bajo sospecha. En primer lugar, porque se limita la posibilidad de objetar en conciencia al médico que interviene directamente en la práctica del aborto, con lo cual el resto de profesionales sanitarios, auxiliares y administrativos, tienen la obligación de procurar el aborto. En segundo lugar porque todo apunta a que se elabore un registro de médicos objetores al aborto, una auténtica «lista negra» que en realidad es una amenaza para los objetores.

Por último, como ha venido advirtiendo Profesionales por la Ética, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo introduce un capitulo educativo por la cual todos los alumnos serán educados en el derecho al aborto, en la diversidad sexual, en las relaciones sexuales prematuras sin ningún tipo de límite . «Este tipo de educación, que el Gobierno ha calificado como educación sexual adecuada, es una nueva forma de adoctrinamiento escolar que los padres no podemos permitir porque conculca nuestro derecho a educar a nuestros hijos. Por tanto, en cuánto conozcamos la forma concreta en que la educación sexual se va a implantar en las escuelas actuaremos con todos los medios legales a nuestro alcance.»