Como demuestra su declaración institucional sobre el Anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la Organización Médico Colegial (OMC) actual está lejos de representar a los profesionales. La medición más objetiva de nuestro rechazo a colaborar con el aborto es que solo puede realizarse en un 6% de centros públicos (93% precisa de centros privados), a pesar de tantos años de Ley del aborto.

 

Por otro lado, en la citada declaración, la OMC aborda la cuestión de la educación sexual:

 

Es preciso contemplar la educación sexual y reproductiva decidida, especialmente entre los jóvenes, con especial atención a las relaciones sexuales de riesgo, la prevención del embarazo no deseado, el conocimiento de los métodos anticonceptivos el acceso gratuito a la píldora anticonceptiva de emergencia en los centros de salud y centros de orientación familiar.

 

Sin embargo, en el caso de la educación sexual la falta de evidencia es clara y puede ser maleficiente. Así, la revisión Cochrane  indica que «las pruebas de los posibles efectos de las intervenciones sobre los resultados secundarios (comienzo de las relaciones sexuales, uso de métodos de regulación de la natalidad, aborto, enfermedades de transmisión sexual) no son definitivas». Y concluye afirmando que «la evidencia sobre los efectos del programa es limitada». Por su parte, ICSI, órgano de referencia de medicina basada en la evidencia, adjudica un nivel de evidencia III (evidencia incompleta) para las recomendaciones a adolescentes sobre cuestiones de educación sexual.

 

La declaración institucional de la OMC se refiere también a la información a la embarazada (punto 4 de la declaración) y a la objeción de conciencia (punto 9). Ambos apartados han suscitado una fuerte polémica que se ha visto reflejada en varios artículos de la prensa sanitaria. En su momento,  Profesionales por la Ética ya propuso una revisión de la nueva deontología de la OMC. La objeción de conciencia de los médicos ha dado lugar a procesos judiciales. Castilla la Mancha la tiene reconocida jurídicamente para los médicos de Primaria y la OMC no puede prohibirlo en su Código Deontológico.

 

La OMC también se refiere (puntos 1 y 2) al papel del Estado y al «derecho de la mujer a decidir aborto». Ante un problema tan grave de España como es el de cada 5 embarazos 1 termine en aborto y 1 de cada 3 sea aborto recurrente, el Estado debe, al menos, plantear estrategias para disminuir la cifra anual de abortos. Ésta es  además, una recomendación de la OMS, del Parlamento Europeo y la ONU a los Estados miembros. España lidera el tercer puesto en número de abortos en Europa tras Francia y Gran Bretaña. Resulta evidente que la actual ley de plazos no permite reducir el número de abortos ya que el hay aborto libre antes de la semana 14. Sin ser el ideal, una vía para reducir el número de abortos es cambiar la ley de plazos por una ley de supuestos.

 

Y ¿cómo disminuir la cifra anual de abortos? Desde el Área de Medicina de Profesionales por la Ética hemos realizado una serie de propuestas:

 

  • Plan efectivo y palpable de derivación desde Atención Primaria a centros dependientes de la Dirección General de la Familia, que coordinen ayudas multidisciplinares y asesoramiento a la mujer en riesgo de aborto, con programa específico para las adolescentes embarazadas.
  • Simplificando la derivación directa a los especialistas tras la atención y asesoramiento en los mencionados centros, sin pasar nuevamente por Atención Primaria.
  • Exigiendo la necesaria independencia de los médicos en sus informes (deben ser solo del Sistema Nacional de Salud).
  • Creando Comisiones centralizadas interdisciplinares que valoren los supuestos despenalizados teniendo en cuenta los certificados de los especialistas.
  • Unificar la información de todos los profesionales sobre desarrollo, riesgos y secuelas con la colaboración de los Colegios de Médicos.
  • Derivando a los centros específicos de referencia cada problema detectado en el concebido para su tratamiento adecuado, brindando la mejor calidad asistencial disponible en España en cada caso.

 

Sobre la certificación de grave peligro para la salud psíquica de la madre, a la que se refiere el Anteproyecto de la nueva Ley y también la declaración de la OMC, se ha detectado que este supuesto de salud psíquica es un verdadero «coladero» (amparaba el 97% de los abortos con la Ley 1985 y solo el 5,6% con la actual legislación).

 

Por tanto, mientras llegamos a la desaparición total del aborto, debe existir un aceptable control de ese supuesto. Tras ofrecer asesoramiento y ayuda por parte de los centros multidisciplinares ya mencionados, estos pueden derivar directamente a los especialistas para los certificados; y que una comisión centralizada, no el especialista en consulta, sea la que informe a la mujer.

 

Es de justicia proteger al concebido, por lo que el Consejo de Estado en su informe sobre la Ley 2/2010, defendió específicamente que «ha de orientarse a la protección de la maternidad y no al fomento de la interrupción del embarazo». Esto define cual debe ser el papel de todo médico ante una mujer en riesgo de aborto.

 

Por todo ello, argumento que no me siento representada por la actual OMC.

Dra. María Alonso. Médico de Familia

Responsable del Área de Medicina de Profesionales por la Ética.