Desde el inicio de la “batalla de Educación para la Ciudadanía” fuimos muy conscientes de que lo que estaba en juego trascendía las fronteras de España. En primer lugar, porque la libertad de los padres para educar a sus hijos encontraba amparo jurídico no solamente en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros tratados internacionales.  También, porque las amenazas a ese derecho fundamental no solamente se planteaban en España con el Gobierno Zapatero, sino que, un contexto de globalización, forman parte de un designio ideológico de carácter relativista y estatista, cuya pretensión es mundial. Iba a ser necesario, por tanto, antes o después, salir de los límites de nuestra nación para denunciar lo que estaba ocurriendo aquí y, a la vez, buscar apoyos en el espacio internacional.

Ya en 2007 tuvimos la oportunidad de presentar sendas ponencias sobre el tema de EpC y la libertad de educación en dos ediciones del European Family Congress, organizados en Roma por el Instituto di Studi Superiori sulla Donna y celebrados del 8 a 10 de marzo y del 15 a 17 de noviembre. Pero el primer paso con proyección realmente significativa en estas acciones internacionales no cristalizó hasta el 23 de enero de 2008 con un hearing en el Parlamento Europeo de Bruselas, en el que dos personas del equipo de  Profesionales por la Ética  Miguel Gómez de Agüero y José Luis Bazán- presentaron el informe  “Citizenship education in Spain: The battle for freedom”. Actuaron como anfitriones de la sesión los eurodiputados Jaime Mayor y Pilar del Castillo, ex-Ministra de Educación y artífice de la frustrada LOCE. En la imagen que acompaña estas líneas puede verse a ambos eurodiputados en un momento de la intervención de nuestros representantes en el hearing.

La demanda de Estrasburgo

Pero el verdadero salto internacional de la campaña llegaría a partir de las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009. Era ya perentorio buscar nuevas vías para la defensa de la causa de los padres españoles, a los que el alto tribunal había dado la espalda en unos fallos sorprendentes.

Profesionales por la Ética había iniciado hacía algún tiempo su presencia en diferentes foros internacionales de coordinación entre entidades comprometidas con la dignidad humana y los derechos fundamentales y fue en ellos en los que la Providencia suscitaría los contactos que necesitábamos. Resultaron decisivos a este respecto Grégor Puppinck, del European Center for Law and Justice (ECLJ), y Roger Kiska, de la norteamericana Alliance Defending Freedom (ADF), ambos excelentes abogados y expertos en la protección internacional de los Derechos Humanos, que nos brindaron la orientación y la ayuda que precisábamos.

Decidimos entonces proponer a los padres llevar nuestra denuncia jurídica al ámbito del Consejo de Europa, en Estrasburgo. Más de 300 demandantes presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda, laboriosamente preparada, contra el Gobierno de España (Caso Rubio Bejarano vs España) por vulneración de derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo. Tras una rueda de prensa ofrecida en Madrid el 17 de marzo de 2010 por los padres y representantes de nuestra asociación, en la que también intervino el citado Kiska,  50 españoles -entre padres y alumnos-  iniciamos un viaje memorable, organizado por nuestra asociación, para entregar en persona la demanda al Tribunal, lo que hicimos  el 19 de marzo de 2010. Ese mismo día a primera hora celebramos en la sede del ECLJ una rueda de prensa a la que había sido convocada la prensa internacional acreditada en Estrasburgo.

Ante el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, la OSCE, la FRA…

El 29 de junio de ese mismo año, y con motivo también de la interposición de la demanda en Estrasburgo, el Grupo Popular Europeo nos invitó a hacer una nueva presentación pública del caso en el Parlamento Europeo, para lo cual elaboramos el informe “The spanish versión of Education for Citizenship: an assault on freedom of education in Europe”. El viaje de nuestros representantes a Bruselas sirvió también para llevar a cabo una ronda de contactos con asociaciones internacionales como European Dignity Watch o Care for Europe, que nos abrieron nuevas posibilidades de acción internacional, para las que siempre fue muy importante nuestra mencionada coalición con ADF y ECLJ.

Esas oportunidades se traducirían en diferentes presentaciones del caso de EpC y su agresión a los derechos de los padres ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (con ADF, Ginebra, 22 de septiembre de 2010), OSCE (reuniones de Varsovia, 1 de octubre de 2010; Viena, 10 de diciembre de 2010; y Varsovia 26 de septiembre de 2011), Fórum de la Santa Sede de ONGs expertas en familia (Roma,  29 noviembre 2010), Fundamental Rights Agency (FRA) de la Unión Europea (con ADF, el 14 de abril de 2011 y el 1 de octubre de 2012), y ante la Cumbre de la ONU sobre Educación (con Concerned Women of America, Ginebra, 4 de julio de 2011). Debe añadirse, además, la inapreciable y continua labor desarrollada en el Consejo de Europa por nuestro amigo Luca Volontè, Presidente del Grupo del PPE en su Asamblea Parlamentaria. Todo este trabajo, así como las presentaciones y los informes y otros materiales que lo soportaron, fue impulsado por la nueva Área Internacional de nuestra entidad, coordinada por Leonor Tamayo.

El caso del movimiento objetor ante EpC en España ha tenido de esta forma un significativo recorrido en diferentes foros internacionales, despertado sorpresa y admiración ante el coraje de los padres españoles en la defensa de su libertad. Ha servido también como modelo y referencia para el inicio de acciones similares en otros países  –en algún caso, con nuestra colaboración directa-  en los que los derechos de los padres se ven amenazados por la intromisión del Estado.

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